El ojo digital que podría transformar las calles de República Dominicana

El país evalúa incorporar cámaras inteligentes de fiscalización automática en su red vial.

La posibilidad de instalar cámaras automatizadas para sancionar infracciones de tránsito de forma inmediata ha comenzado a tomar fuerza en la agenda de modernización vial de República Dominicana. Este tipo de sistemas, ya comunes en países como Estados Unidos, España, Brasil o Colombia, son una combinación de cámaras de alta resolución, algoritmos de inteligencia artificial (IA), sensores y bases de datos interconectadas que permiten detectar en segundos una violación de las normas de tránsito y emitir una multa de forma remota.

Este enfoque busca responder a un desafío persistente: la elevada tasa de accidentes de tránsito en el país, una de las más altas del continente, según la Organización Mundial de la Salud. También podría aliviar la presión sobre el limitado número de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), al permitir fiscalización continua sin intervención humana directa.

Las cámaras de fiscalización automatizada integran varios componentes tecnológicos clave:

1. Cámaras de alta resolución: Equipadas para capturar imágenes nítidas de vehículos incluso en movimiento a altas velocidades. Algunas poseen visión nocturna y capacidad para leer placas bajo condiciones climáticas adversas.

2. Sistema de reconocimiento de matrículas (LPR, por sus siglas en inglés): A través de visión computacional, estas cámaras identifican las matrículas de los vehículos y las cruzan en tiempo real con bases de datos de vehículos registrados, licencias vencidas, pagos pendientes y reportes de robo.

3. Detección de infracciones mediante IA: Algoritmos especializados analizan patrones de comportamiento para identificar situaciones como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo, uso indebido de carriles o estacionamiento en zonas prohibidas. Estos algoritmos aprenden con el tiempo para minimizar errores.

4. Integración con sistemas de gestión y cobro: Una vez detectada una infracción, el sistema genera automáticamente un expediente con evidencia fotográfica y lo envía al titular del vehículo. Algunos sistemas incluso permiten el pago inmediato por canales digitales.

La implementación de estas tecnologías podría tener impactos positivos significativos en varios niveles:

- Reducción de accidentes: La experiencia internacional muestra que los sistemas de multas automatizadas pueden reducir infracciones graves hasta en un 40%, según datos del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en Estados Unidos.

- Eficiencia institucional: Facilita la fiscalización en puntos donde es difícil mantener presencia policial constante, como avenidas de alta velocidad, zonas escolares o intersecciones complejas.

- Combate a la corrupción: Al eliminar la intermediación humana en el proceso de imposición de multas, se reduce la discrecionalidad y la posibilidad de acuerdos informales entre conductores y agentes.

- Datos para políticas públicas: Las cámaras generan grandes volúmenes de datos que pueden ser utilizados para planificar intervenciones viales, medir el impacto de políticas públicas o rediseñar el flujo del tránsito.

Sin embargo, el despliegue de esta tecnología también plantea interrogantes que deben abordarse con anticipación:

- Privacidad ciudadana: El uso constante de cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento de matrículas y rostros puede ser visto como una forma de vigilancia masiva. Es esencial garantizar que los datos recolectados tengan un uso legítimo, estén protegidos y no se utilicen para otros fines sin consentimiento.

- Errores del sistema: Aunque cada vez más precisos, los sistemas automatizados no están exentos de fallos. La identificación errónea de vehículos o contextos puede generar multas injustas, lo que implica que debe existir un mecanismo claro, transparente y ágil para impugnar sanciones.

- Desigualdad tecnológica: Si la notificación y el pago de multas se gestiona exclusivamente por plataformas digitales, una parte de la población sin acceso a internet o medios digitales podría quedar rezagada o desinformada.

- Resistencia social: En países donde la cultura de respeto a las normas viales es débil o la confianza institucional es baja, la implementación de sistemas automatizados puede generar rechazo o interpretarse como una medida meramente recaudatoria.

Para que esta tecnología funcione de manera efectiva en el país, se necesita una base legal robusta, infraestructura tecnológica segura, inversión en mantenimiento y campañas de sensibilización ciudadana. Además, deben definirse los lineamientos sobre qué entidades tendrán acceso a los datos, cómo se gestionarán los cobros, y qué criterios se utilizarán para seleccionar los puntos de instalación.

También es clave que exista interoperabilidad con los registros actuales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), DIGESETT y la Procuraduría General de la República para que las sanciones sean vinculantes y exigibles.

La automatización del control de tránsito representa un cambio estructural en la forma en que se concibe la seguridad vial. No se trata solo de sancionar con mayor efectividad, sino de establecer un entorno urbano más ordenado y predecible. La tecnología ofrece herramientas, pero su éxito dependerá de cómo se aplique y de la confianza que inspire en la ciudadanía.

República Dominicana está en una encrucijada: aprovechar estas herramientas para transformar su cultura vial o replicar esquemas que, aunque modernos, podrían quedar desacreditados por una implementación deficiente. El reto no es técnico. Es institucional, ético y ciudadano.

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